El pasado mes de marzo la actual delegada del área de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, y el delegado del área de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, presentaron ante la fiscalía materiales documentales para esclarecer indicios de irregularidades en acuerdos firmados por Madrid Destino en anteriores legislaturas en relación al Open de Tenis.

Tres meses después, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aborda una reprobación de los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Se les reprueba por cumplir su responsabilidad, la de poner en conocimiento de la justicia indicios de irregularidades, a pesar de hacerlo cumpliendo escrupulosamente con la legalidad.

Tanto los concejales Sánchez Mato y Mayer como el equipo de Madrid Destino que ha participado en este proceso cuentan con el apoyo de Ahora Madrid. La lucha contra la corrupción es una lucha diaria y una labor en la que hay que trabajar sin dudas, ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día. Dicha lucha es fundamental para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones, cuando desayuna cada mañana con nuevas inculpaciones, registros e imputaciones.

Las actuaciones cumplieron escrupulosamente con la legalidad

Los encargos a dos despachos de abogados para la preparación de informes que dieron pie a la denuncia se realizaron en el marco de la ley de contratos del Sector Público y las Instrucciones de Contratación de Madrid Destino (aprobadas antes de la llegada de Ahora Madrid).

Para muestra un botón, hasta en nueve ocasiones se ha recurrido a la asistencia de abogados externos a Madrid Destino desde 2014, hablamos de una actuación regular y necesaria para el funcionamiento de la empresa municipal.

El código ético de Ahora Madrid busca impedir que los cargos políticos se lucren con la atividad municipal. No es el caso.

En su punto 1.4 el código ético de Ahora Madrid especifica que:

“Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas”.

Es decir, se establece con absoluta claridad la dimisión en caso de actos que pudieran ser sospechosos de lucro o enriquecimiento propio o ajeno. No vamos a consentir que nadie se beneficie de la gestión pública, ni para sí mismo ni para terceros.

No cabe ninguna duda de que Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer actuaron con la única intención de esclarecer posibles irregularidades. No hay ninguna posibilidad de que esa actuación pudiera emplearse en beneficio económico propio o ajeno. Que dos concejales traten de esclarecer indicios de corrupción es un motivo de profundo orgullo que por el hecho de hacerlo no puede llevar a su dimisión o cese.

El Partido Popular utiliza sistemáticamente la denuncia para frenar a quienes luchan contra su corrupción. No vamos a dejar de hacerlo.

Cuando elaboramos el código ético que nos hemos autoimpuesto sabíamos que una de las estrategias que ciertos grupos emplearían para frenar la lucha contra la corrupción sería la vía judicial. Una larga lista de denuncias y querellas han acompañado a nuestros concejales y concejalas en estos dos años de gobierno (todas ellas con resultado de
archivo o absolución).

Ante esa estrategia del Partido Popular sentimos la seguridad de estar haciendo lo correcto y reforzamos nuestro apoyo.

Sabemos también que los jueces y juezas deben ser escrupulosos en sus investigaciones y que una prueba de garantismo es, precisamente, solicitar testimonios directos de las personas implicadas en la denuncia de procesos de corrupción, por eso los concejales han pedido testificar cuanto antes. Ni una concesión a la sospecha, a la ambigüedad o al ruido mediático.

Resulta preocupante que otros partidos acompañen al Partido Popular en esta estrategia

Los partidos que estén por la regeneración y en la lucha contra la corrupción, deben reflejar con sus hechos dicho compromiso. Permitir que se repruebe a dos concejales por sus actuaciones frente a la corrupción es un ejercicio de oportunismo político del que la ciudadanía es perfectamente consciente. Creemos que precisamente por los gravísimos casos de corrupción que están degradando nuestras instituciones, debemos tener la valentía política para analizar este caso a partir de los datos objetivos. No es lo mismo enriquecerse a costa de la ciudadanía que luchar contra la corrupción. No es lo mismo vaciar las arcas públicas con operaciones ilegales que hacer políticas a favor de la mayoría social de nuestra ciudad, especialmente de las personas más vulnerables.

El dinero público es una herramienta fundamental para construir justicia social, derechos y democracia. Nos lo tomamos profundamente en serio y jamás se nos ocurriría privatizarlo en favor propio.

Vinimos a hacer lo contrario y eso es lo que vamos a seguir haciendo.