El Ayuntamiento de Madrid recibió ayer una carta del Ministerio de Hacienda comunicando que se apliquen recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017, 243 millones en 2018 y amenazando con imponer medidas coercitivas de mayor dureza en caso de no acatar dicha exigencia.

Esta resolución se basa en una muy discutible interpretación de una norma ambigua. La postura del Ayuntamiento de Madrid se ha ajustado a la normativa legal y, por ello, recurrirá las medidas que se le imponen ante los tribunales. El gobierno de Ahora Madrid tiene las cuentas más que saneadas: ha registrado importantes superávits (más de 1.000 millones de euros en el año 2016) y ha reducido en apenas dos años un 40% la pesada losa de la deuda que dejó el gobierno del PP, y todo ello mientras se ha incrementado el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%.

El trato discriminatorio es más que evidente, a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid ofrece sobradas garantías de estabilidad y capacidad. Es por el contrario la Administración central, de cuyas cuentas es responsable Montoro, la que ha incumplido sistemáticamente no sólo la Regla de Gasto sino también la estabilidad presupuestaria, y no ha tomado ninguna medida de corrección. Lo mismo ha ocurrido con tantas otras Comunidades Autónomas (como la Comunidad de Madrid) y corporaciones locales. Cuando ante situaciones semejantes se actúa de forma diferenciada, la arbitrariedad se rodea además de una mala fe política que nada tiene que ver con la legalidad o las cuestiones técnicas.

Esta injerencia no es inocente, busca asfixiar al Ayuntamiento de Madrid; cercenar su inversión en gasto social y en la cobertura de las necesidades de sus vecinos y vecinas; impedir el desarrollo del proyecto de cambio iniciado en 2015; reducir el ejercicio de la nueva política a parámetros de inviabilidad; demostrar que no hay alternativa, que una gestión pública distinta es una opción imposible.

La supervisión de las cuentas no busca el equilibrio presupuestario sino el recorte; consolidar un programa político neoliberal destinado a que la crisis siga siendo costeada por la ciudadanía; tutelar, adiestrar y someter toda voluntad y acción guiada por otras formas de entender la política.

El Partido Popular está utilizando el Gobierno de España y las herramientas que este posee con fines partidistas, conculcando la autonomía local y la soberanía ciudadana expresada en los resultados electorales; vulnerando derechos y pervirtiendo el modelo de convivencia del que nos hemos dotado.

Denunciamos públicamente esta gravísima agresión al propio concepto de democracia. Nos reafirmamos en el uso de todos los recursos políticos, jurídicos y administrativos para defender a Madrid y su ciudadanía del bloqueo de los recursos y los recortes de derechos. Seguiremos insistiendo en la puesta en marcha de políticas públicas diferentes respetando la normativa vigente pero sin renunciar a impulsar el cambio de aquellas que se consideren injustas con las circunstancias de la mayoría social.

La determinación del pueblo de Madrid en el gobierno de su propio devenir no es negociable.

Mesa de Coordinación de Ahora Madrid